domingo, 8 de julio de 2012

Perjudicial para la salud… de la democracia


Agua contaminada en los barrios Arca y Tanque de Villa Adelina. El municipio y un fiscal de espaldas a los vecinos. 


Vecinos de Villa Adelina vienen reclamando desde hace años a las distintas autoridades competentes por recibir en sus casas agua contaminada provista por dos cooperativas, responsables del suministro.
Estas cooperativas no sólo ocultan el hecho de que el agua esté contaminada, negando abiertamente la evidencia científica e incumpliendo con las obligaciones impuestas por el Ente Regulador, sino que, además, atemorizan e intimidan a los vecinos con un accionar propio de las patotas y mafias.
La actuación de los funcionarios ante este problema ha seguido una pauta de extraña negligencia o complicidad con la situación. Sólo la movilización de los vecinos, acompañados por medios de comunicación independientes, como QUE PASA SAN ISIDRO, y organizaciones no gubernamentales, como el Instituto de Formación en Políticas Argentinas (POLAR), está logrando impulsar algún tipo de solución a este problema, que ya no es solamente el del agua: es el de la falta de respuesta de las instituciones democráticas a las necesidades de los ciudadanos.


Un municipio que abala a las cooperativas

Las autoridades de la municipalidad de San Isidro desde hace años están al tanto del problema. Según la documentación a la que pudimos acceder, ya en 2010 el Ente Regulador advirtió al municipio sobre esta situación. Sin embargo, no existieron  acciones oficiales comprometidas a la altura de un hecho que afecta a la salud pública de la población, permitiendo la persistencia del mismo.
La falta del municipio es evidente cuando uno investiga la situación de formalidad de las dos “cooperativas” responsables del suministro.
La cooperativa El Tanque (que provee agua al barrio del mismo nombre) es una cooperativa “fantasma”. No tiene ningún tipo de inscripción vigente que abale su operatividad. Y este “fantasma” legal toma cuerpo una vez al mes, cuando una señora llamada “Ana”, pasa a cobrar por las casas, dejando un comprobante absolutamente informal. Es ella quien ante un problema en los caños llama a un plomero particular para realizar el arreglo.  El municipio que persigue a un artesano que vende su trabajo en el espacio público por la informalidad de su actividad, permite desde hace años que una “cooperativa”, en un estado de absoluta irregularidad, suministre agua contaminada informando que es totalmente potable, lo cual es un delito penal.

Por otro lado, la Cooperativa Barrio Arca (que provee agua al barrio del mismo nombre),  está inscripta y presenta cierto grado de formalidad. No obstante a ello, llama la atención que consiguió del municipio su inscripción en agosto del año pasado, un mes después de que bromatología municipal realizara un análisis y constatara la contaminación en el agua. 
El municipio que declara no apta el agua que proveen las cooperativas, a la vez inscribe a una de ellas, dándole un mayor grado de formalidad.  Esta inscripción le permitió seguir distribuyendo agua contaminada y además gestionar ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) un subsidio por u$s 70.000.  
La información sobre esta inscripción fue negada a los vecinos por el Secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Rivas, en la reunión que mantuvo con los mismos el año pasado. Acompañamos esta nota con las fotos del informe de la dirección de bromatología municipal (julio 2011) y del decreto que le da la  extraña inscripción (agosto 2011).



Un municipio que informa negligentemente

Hace dos meses cuando nos acercamos a este problema, nos dimos cuenta de que la situación excedía al hecho de que dos barrios no tuvieran un suministro de agua potable: el problema más grave era que muchos vecinos no conocían esta situación y estaban consumiendo diariamente agua contaminada.
Los miembros de las cooperativas,  usufructuando la confianza de los vecinos y el prestigio de aquéllos que construyeron el tanque hace 64 años, engañan a muchos acerca del estado del agua.
Frente a la movilización de los vecinos, el año pasado el municipio se comprometió a informar. Sin embargo, lo hizo con asombrosa negligencia. Casi al mismo tiempo que gastaba miles de pesos empapelando el partido para  sacralizar túneles y semáforos solares en su campaña “SAN”, el municipio "informó” de esta grave situación con un volante (sin más entidad que el de una pizzería)  repartido de forma irregular por dos adolecentes. El resultado fue que muchos vecinos no se enteraron o pensaron que no era una información oficial.
Estos últimos días, gracias a la presión de todos los que nos movilizamos por el tema, el municipio adjuntó una nota en la boleta de ABL, donde señala el estado no apto para el consumo del agua.


Un fiscal que no leyó bien el código penal

Además de informar, en la reunión con los vecinos el municipio se había comprometido a realizar una denuncia penal. Después de rastrear en cada fiscalía encontramos la denuncia, que asombrosamente había sido desestimada en marzo de este año, sin que el municipio informara de la situación a los vecinos y mucho menos apelase una resolución muy discutible.
La denuncia del municipio fue por envenenamiento de aguas. La fiscalía realizó un análisis y comprobó que el agua no estaba apta para el consumo humano. No obstante, al constatar que esa contaminación es producto de un estado de las napas y no debida al accionar de ningún particular, desestimó la denuncia.
El fiscal que firmó la resolución, Claudio Scapolan, tal vez no leyó claramente el código penal, que en su artículo 201 señala que: Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo
En este sentido, hay innumerables pruebas del accionar delictivo de las cooperativas ocultando el caracter nocivo del agua. Tan sólo con ingresar a nuestro Facebook se puede comprobar las intervenciones de los miembros de las cooperativas en este sentido. Nos resulta llamativa la resolución del fiscal y la inacción del municipio frente a esta.


La organización de los vecinos

Frente a todos estos hechos que desprestigian el rol de las instituciones democráticas, la buena noticia es la respuesta de mayor participación y compromiso de los vecinos junto a organizaciones de la sociedad civil que se solidarizaron con este problema.
El Instituto de Formación en Políticas Argentinas (POLAR), una ONG sanisidrense que tiene como objetivo incidir en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos del partido, viene trabajando junto a los vecinos de estos barrios, y en los últimos días ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia.  Según nos informaron los abogados de POLAR, es una acción de amparo colectivo y se pide que la Justicia ordene a las autoridades correspondientes a “arbitrar los medios necesarios para que, respecto del colectivo de vecinos de los barrios conocidos como “Arca” y “El Tanque” de Villa Adelina, se haga efectivo el derecho humano al agua potable y saneamiento, así reconocido por las Naciones Unidas e incorporado a nuestro bloque de garantías constitucionales, que en el caso consiste en conectar sus domicilios a la red de servicio público de suministro de agua potable.
De esta manera, los vecinos de los barrios Arca y Tanque de Villa Adelina, siguen adelante en busca de una solución definitiva a este problema. 
Desde QUE PASA SAN ISIDRO seguiremos acompañando este movimiento de los vecinos, que a diferencia del agua, están aportando salud a una democracia contaminada.




Mas Información sobre el tema:


Notas anteriores.
Carpeta de fotos con documentación de organismos oficiales.