Entrevistamos al Dr. Luis Sprovieri, abogado del Intituto Polar, para que nos ponga al tanto de las novedades en relación al agua contaminada en Villa Adelina.
¿Cómo llega usted a asumir la defensa de
los vecinos de Villa Adelina?
LS: En
realidad los vecinos se acercaron en su momento a POLAR (Instituto de Formación en Políticas Argentinas), que es una
organización no gubernamental con actuación en la zona norte del conurbano,
particularmente en los partidos de Vicente López y San Isidro. Polar es un
espacio plural de profesionales jóvenes provenientes de distintas vertientes
ideológicas que se dedica, fundamentalmente, a asistir técnicamente a otras
ONGs. En Polar hay abogados, sociólogos, publicistas, politólogos, médicos, que
advirtieron la necesidad de asistir técnica y profesionalmente a instituciones
que están en contacto directo con los vecinos y la comunidad. En lo personal y
profesional, me interesan las causas de interés público y alcance colectivo y,
desde ahí, asumí con mucho entusiasmo la defensa de la causa del tanque de
Villa Adelina.
¿Cuál es el rol que juega en esta
historia la Cooperativa Barrio Arca?
Según
nos relatan los vecinos, una cooperativa del barrio (Cooperativa Barrio Arca)
gestiona desde hace décadas el bombeo de agua desde la napa hasta el tanque
comunitario de la calle Rastreador Fournier. Se ocupa también del mantenimiento de ese equipamiento, que
está en estado paupérrimo. Se trata de una cooperativa regularmente constituida
pero cuyo funcionamiento efectivo, es decir, con autoridades regularmente
constituidas y de actuación comprobable, es por lo menos dudoso.
Cuando
empezaron los cuestionamientos sobre la potabilidad del agua, las autoridades
de la cooperativa adoptaron una postura insólita. Comenzaron a confundir a los
vecinos con información parcial o errada, exhibieron análisis incompletos y se
dedicaron a atacar a quienes hacían notar las contradicciones. Por ejemplo, los
informes que exhibe la Cooperativa, y que ha acompañado al expediente judicial,
se refieren sólo a análisis bacteriológicos. Hasta ahora la Cooperativa nunca
ha mostrado análisis de minerales, metales u otros elementos, que constituyen
el verdadero problema del agua de Villa Adelina. La presencia de bacterias es de
rápida y económica solución. Los otros elementos, en cambio, requieren procesos
de potabilización que en algunos casos son costosísimos y que no se justifica
adoptar para este universo de usuarios.
Últimamente
la cooperativa ha lanzado una campaña de oposición a la solución que propone el
municipio por considerarla costosa. Lo que la Cooperativa oculta nuevamente a
los vecinos es que la instalación, mantenimiento y operación de una planta
potabilizadora para los barrios Arca y Tanque sería muchísimo más costosa que
la conexión a la red de AySA.
Y
además, la cuestión siempre estuvo teñida de rivalidades y actitudes
intimidatorias que hacen pensar que en Villa Adelina está seriamente
comprometida la paz social.
En lo
personal, no alcanzo a comprender la postura de la Cooperativa Barrio Arca.
Tuvo la oportunidad de ponerse al frente del reclamo de los vecinos, liderarlos
y legitimarse como representante barrial y la desperdició lamentablemente.
¿Cuál es la posición de la Municipalidad
de San Isidro y qué soluciones propone?
Desde
un principio advertimos, y así lo sostuvimos ante la Justicia, que el gravísimo
problema del agua contaminada en Villa Adelina se enfrentaba con el muro de
otra de las consabidas disputas jurisdiccionales que detienen el progreso de los
argentinos. En este caso, todas las entidades y estamentos gubernamentales
involucrados coinciden en señalar la gravedad del problema pero argumentan que
no les corresponde solucionarlo. Así, AySA se excusa por no tener presupuesto
asignado para esta obra, los organismos provinciales se desentienden, los entes
de contralor federal miran desde muy lejos, y la Municipalidad de San Isidro
argumenta una combinación de ambas excusas: no me toca solucionarlo y no tengo
dinero para hacerlo.
Por
nuestra parte, insistimos en la vigencia del derecho fundamental -con
protección constitucional- del acceso al agua potable. En este tema surge bien
claro que ante una necesidad tan fundamental surge un derecho, y ese derecho
está siendo violado en Villa Adelina.
En la
última semana los vecinos de Villa Adelina, con nuestra asistencia, se
reunieron con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Isidro, Dr.
Rivas. Estuvieron presentes también el Secretario de Obras Públicas, Ingeniero
García y el Concejal oficialista Pablo Fontanet. En esa reunión la
Municipalidad propuso avanzar con la obra de instalación de la red mediante el
sistema de contratación por cuenta de terceros. Es decir, que el municipio gestiona
una obra que en definitiva pagan los vecinos hoy afectados.
¿Qué piensa usted de esta postura?
Como
primera medida, resulta contradictorio sostener que no existe responsabilidad o
incumbencia, cuando es el mismo municipio el que reconoce contar con los
instrumentos legales necesarios para administrar la obra y llevar agua potable
a los vecinos. En verdad, es lamentable que haya que llegar a esta instancia,
con una acción judicial en curso, y una considerable movilización vecinal, para
llamar la atención del Estado municipal. Nos consta, por documentación a la que
tuvimos acceso, que la Municipalidad de San Isidro conoce esta problemática de
Villa Adelina desde hace varios años. Hemos dicho en presentaciones judiciales,
y lo reiteramos aquí, que el Estado ha estado ausente de Villa Adelina en este
tema, como si todo pudiera dejarse librado a la iniciativa privada.
Por
otro lado, la solución que propone la Municipalidad de San Isidro es conceptualmente
perversa y regresiva. Para que la obra pueda llevarse a cabo bajo esta
modalidad, el 65% de los vecinos afectados debe manifestarse de acuerdo. Esto
quiere decir que si no se alcanza ese porcentaje, la obra no puede realizarse. En
otras palabras, por ejemplo, si un 40 %, por desconocimiento o por cualquier
otro motivo, decide no votar a favor de la obra, podría imponerle al 60% restante
que se siga envenenando al ingerir solventes o nitratos que son, entre otras,
las sustancias presentes en el agua de Villa Adelina. Indudablemente, es una
locura. Pero además, el mecanismo que propone el municipio implica que sólo
quienes puedan pagar tendrán agua potable. Los jubilados y los carenciados, por
ejemplo, deben seguir envenenándose. Un disparate.
En
todo caso, debería financiar la obra el municipio y arreglar después con AySA.
La Municipalidad no puede pretender que los vecinos se ocupen por su cuenta de
esa gestión compleja. Nuevamente, la Municipalidad de San Isidro es el Estado y
el Estado existe para gestionar el bien común, no para desentenderse. Y teniendo en cuenta que el costo total de la
obra es menor al costo de asfaltar 8 cuadras, lo cual implica menos del 0,5%
del presupuesto municipal, es inconcebible que estemos en esta situación.
Con
todo, nos alegra que el municipio finalmente se involucre y no seremos nosotros
quienes obstruyamos su gestión. Quizás por este camino el ejecutivo municipal se
comprometa cada vez más con la problemática hasta advertir el grave error de su
postura. Pero no queremos ganar discusiones, queremos conseguir agua potable
para 600 familias afectadas.
¿Hay un proyecto presentado en el Concejo
Deliberante, que alcances tiene?
En el
Concejo se presentaron tres proyectos relacionados al tema, dos pedidos de
informes, uno de ellos por la Concejal Longo del FAP y el otro por el presidente
del bloque oficialista Carlos Castellano. Esos proyectos no hicieron foco en la
solución del problema sino en cuestiones accesorias del conflicto. El proyecto
que sí avanza sobre la solución concreta y definitiva se debe al Concejal
Leandro Martín del Frente para la Victoria, que pide al Ejecutivo municipal que
incorpore la partida presupuestaria necesaria para realizar la obra, financiándola
con los fondos del presupuesto 2013, que está pronto a debatirse.
¿El proyecto del Concejal Leandro Martín
no se contrapone a la posición de la Municipalidad de San Isidro?
Claro
que si. Por un lado el municipio sostiene que sólo puede hacer la obra trasladándole
el costo a los vecinos. Por otro lado, el Concejal Martín sostiene y plantea
que la obra debe pagarse con el presupuesto municipal. Así lo expusieron
también los vecinos ante el Secretario de Gobierno, Dr. Ricardo Rivas, quien ha
reconocido que se podría pagar la obra del presupuesto pero que eso marcaría
una tendencia o sentaría un precedente peligroso porque otros vecinos de San
Isidro reclamarían otras obras, que también deberían pagarse con presupuesto
municipal. Según el funcionario, el municipio sólo recurre a su presupuesto
para cuestiones que refieren a temas sensibles como salas de salud. Nuevamente,
se demuestra la reticencia del municipio a tomar a su cargo la solución del
problema; curioso criterio aplica el funcionario al considerar sensible una
sala de atención médica y no así la provisión de agua potable para más de 2400
personas que, por consumir agua contaminada, necesitarán en el futuro de esa
misma atención médica.
Por último, ¿cuál es el estado de la
acción de amparo?
El
expediente sigue su trámite. La jueza ha dispuesto recientemente designar un
perito químico para que analice el agua de Villa Adelina y emita dictamen al
respecto. No se conoce aún el nombre de ese perito. Nos parece una medida innecesaria,
especialmente cuando todos los organismos involucrados se han expedido por
escrito reconociendo que el agua del tanque de Villa Adelina no es apta para
consumo humano. Esos mismos organismos insistieron en sus conclusiones técnicas
al contestar la demanda de amparo. Es decir, estamos volviendo a probar algo
que ya está demostrado de sobra. La Municipalidad tampoco coopera. De las ocho
entidades demandadas en el amparo, sólo la Municipalidad de San Isidro obstruye
el trámite oponiéndose a todas las presentaciones de los vecinos. Otra paradoja
sin duda, el Estado municipal, que debe propender al bienestar de los vecinos,
obstruye un reclamo cuya legitimidad reconoce. Por nuestra parte, seguiremos
luchando para volver a poner las cosas en su lugar y ayudar a que la gente
vuelva a confiar en las instituciones de la República.
